La fiscal pidió la indagatoria de Pedraza por el crimen de Mariano

La querella reclamaba que la investigación apunte “hacia arriba”

La representante del Ministerio Público también citó a Carlos “El Gallego” Fernández, segundo del titular de la Unión Ferroviaria. Quiere saber qué papel desempeñaron en la organización de la emboscada en la que murió el militante.

La fiscal Cristina Caamaño dio el primer paso para subir en la escala de responsabilidades por el ataque de una patota de la Unión Ferroviaria que causó la muerte del militante del PO Mariano Ferreyra y les provocó heridas a otras tres personas. Tal como había anticipado Tiempo Argentino, pidió la declaración indagatoria del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y de su segundo, Juan Carlos “El Gallego” Fernández.

Los abogados de las querellas y de las defensas de los siete procesados se sorprendieron al ver el escrito en el cuerpo 20 de la causa. La representante del Ministerio Público entendió que hay elementos suficientes para que Pedraza y Fernández brinden explicaciones sobre qué papel desempeñaron en el armado de la emboscada.

Tras el levantamiento del secreto de sumario, los abogados de las partes pudieron fotocopiar la causa y comenzar a puntearla. Los representantes del PO, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y de otros organismos defensores de los Derechos Humanos venían reclamando que la investigación apuntara “hacia arriba, hacia los pescados gordos”. La fiscal Caamaño rehusó ayer el contacto con la prensa, pero tres fuentes independientes confirmaron que el pedido de indagatoria fue girado al juzgado hace poco más de una semana.

¿De qué se los responsabiliza a  Pedraza y a Fernández? A este último se le imputa una participación directa aunque no presencial en los hechos. En el contexto de los disparos, “a Pablo Díaz (delegado ferroviario) le sonó el handy anunciando que lo había llamado ‘El Gallego’ Fernández, quien le habría dicho que se vayan, por esa razón Juan Carlos Pérez habría guardado las armas que le entregaron Guillermo Armando Uño, Gabriel Fernando Sánchez y Cristián Daniel Favale”, se lee en el auto de procesamiento firmado el miércoles por la jueza Wilma López. Salvo Fernández, el resto de los mencionados están procesados con prisión preventiva.

Precisamente Díaz “reconoció que Juan Carlos Fernández lo llamó el día del hecho porque es su jefe y quería ver cuál era el estado de situación”.

Con Pedraza, el cuadro no está tan claro. Pero fuentes consultadas por este diario revelaron que su declaración testimonial, que prestó ante la fiscalía el 21 de octubre –36 horas después del homicidio de Ferreyra– dejó interrogantes que se acrecentaron a medida que se fueron incorporando nuevos testimonios y probanzas en la causa.

En el expediente, Pedraza relató cómo se enteró de los hechos: “Estaba participando de un acto y me avisan de lo que estaba pasando. Hablé con el secretario de Transporte y me dijo que no había mayores consecuencias. Sabía que se habían tirado piedras y después me enteré que hubo disparos de armas de fuego.”

La resolución que firmó la jueza López pareció dejar abierta la posibilidad de convocarlo en algún momento. Al resolver sobre los siete detenidos, anunció: “Se procederá, entonces, al particularizado estudio de cada intervención, sin perjuicio de que con el correr del curso investigativo surjan nuevos integrantes y/o partícipes del hecho traído a inspección”.

La magistrada se ofuscó porque había trascendido el procedimiento que ella ordenó en el Departamento Central de la Policía Federal para constatar detalles sobre las modulaciones (comunicaciones) entre los uniformados que intervinieron en el escenario de los hechos del 20 de octubre. La causa sobre la conducta de la policía fue delegada a la fiscal, por decisión de la propia jueza López.

Caamaño ya tiene consigo el expediente de Asuntos Internos de la Federal, y cuenta con desgrabaciones de las modulaciones. De allí se desprende que “como mínimo hay elementos para sospechar sobre un eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público”, expresaron las fuentes. Las querellas suponen que hubo más que eso y hablan de “zona liberada”. La primera impresión apuntaba en esa dirección, pero hoy ese cuadro aparece desdibujado: “Es probable que no hayan previsto la que se iba a armar. En esa zona están acostumbrados a otro tipo de hechos, pero no a una batalla campal entre grupos antagónicos numerosos con armas de fuego de por medio. No es descabellado que se hayan visto sobrepasados y no supieran cómo controlar la situación”, evaluaron las fuentes.

Hasta ahora, sólo está probado que “en el lugar de los acontecimientos estaban presentes tres patrulleros de la seccional 30ª de Policía Federal Argentina; operativo a cargo del subcomisario Rolando César Garay. Sorpresivamente, el grupo que respondería a la Unión Ferroviaria bajó velozmente desde el terraplén, sumado a los que ya estaban sobre la calle y sobrepasó a la policía allí instalada”.

Por Néstor O. Espósito-Tiempo Argentino Publicado el 26 de Noviembre de 2010